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La sostenibilidad del actual sistema de pensiones.

El objetivo del articulo es ahondar en la realidad que transmiten los informes emitidos por entidades de primer orden a nivel nacional e internacional, respecto a la actual sostenibilidad del sistema de pensiones español.

Foto de humanidad, pensionista

Siendo las últimas semanas noticia de portada de los medios de comunicación, la actual situación de la revalorización para el 2017 de las pensiones de nuestros ciudadanos, actuales receptores de la misma, y a la vista de indagar en los diferentes observatorios, bases de datos e informes emitidos, podemos extraer una realidad, y ésta dista mucho de la realidad mostrada por algunos grupos politicos o circulos empresariales.

¿Cuestión de prisma o perpectiva?.

Por una parte, la reducción de la población activa, motivada por diversos factores, donde cabe destacar entre otros, las jubilaciones comunes, las pre-jubilaciones diseñadas por las grandes corporaciones empresariales, la brecha salarial de género, y la reducción en el tiempo de los salarios.

Y por otra, la fuerte desacelaración del crecimiento de la productividad, y a su vez de los salarios reales, que desde el 2009 a esta parte, se han congelado en el mejor de los casos, y en otros se han reducido de manera drástica, otorgando un empobrecimiento del poder adquisitivo, han dado como resultado un deterioro en la financiación del propio sistema de contributivo de las pensiones.

Sin embargo, el incremento de la tasa de ocupación en el mercado laboral, de éstos últimos años (Según informe EPA Cuarto Trimestre 2017, y FEDEA) ha equilibrado de manera estacionaria ésta situación, puesto que con su contribución mediante las cotizaciones sociales han de financiar las pensiones.

Pero este escenario no genera una seguridad avalada, y por tanto no se pueden hacer  expresiones como que las pensiones están aseguradas, pues, ¿aseguradas de que modo?, ¿Qué cuantías?, y lo más importante ¿Con que índice de revalorización de las pensiones previsto (IRP)?

Las previsiones macroeconómicas y las hipótesis del Grupo de Trabajo de Envejecimiento de la Comisión Europea, y las reformas adoptadas por el Gobierno en el 2011 y 2013, parecen contener el gasto durante las próximas décadas, pero la pérdida del poder adquisitivo que sufren actualmente y en el futuro las pensiones, con el actual IRP, es el principal riesgo para el sistema, por lo tanto, no se puede manifestar taxativamente, que están aseguradas. Habrá que trabajar para el futuro.

Parece ser que el problema no se solventa con la indexación general de las pensiones al IPC, lo que no es nada conveniente, sino que se debería parametrizar una pensión mínima, ligada ésta a la tasa de inflación. Esta medida según las fuentes consultadas, “tendría un coste medio anual durante los próximos 40 años de algo más de 4 décimas del PIB, y el Incremento necesario de la recaudación del IRPF estaría entorno a un 6%.

Por otra parte, la indexación de las pensiones al IPC supondría un incremento medio del gasto de 2,7 puntos del PIB durante los próximos 40 años, y el incremento de la recaudación del IRPF exigiría una subida del 36% para financiarlo.

Por último, cabe destacar de la lectura de los informes que, si alcanzáramos el pleno empleo, esto solo compensaría aproximadamente una quinta parte de los efectos del envejecimiento demográfico. En definitiva, la verdadera realidad está en el contenido de estos análisis, estudios e informes elaborados, los cuales no llegan a alcanzar la primera línea pública, lo que conseguiría que todos los ciudadanos, entidades, Sindicatos y fuerzas políticas, entre otros, estuvieran en disposición de la misma información, y no en versiones según perspectivas o intereses. Lo que nos jugamos es el futuro que garantice la sostenibilidad, equidad y transparencia del sistema de pensiones.

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